Programa / La Universidad de Sevilla, y el Sistema Universitario Público Español, al final del 2015
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La Universidad de Sevilla, y el Sistema Universitario Público Español, al final del 2015

Desde la creación de las primeras Universidades a partir de los siglos XII-XIII de nuestra era, bien como Universitas Scholarium, comunidad de estudiantes que contrataban maestros para su formación cuyo prototipo e inicio es la Universidad de Bolonia, bien como Universitas Magistrorum, comunidad de maestros que ofrecían formación a estudiantes, siendo en este caso el primer prototipo la Universidad de París, el concepto Universidad ha ido evolucionando a lo largo de los siglos tanto en sus funciones como en su estructura y se ha ido extendiendo sobre todo el planeta.

La creación en 1810 de la Universidad de Berlín, enfocada hacia las misiones de la enseñanza y la investigación a partir de las ideas de Wilhelm von Humboldt, supone un avance radical. Desde entonces, las Universidades se han caracterizado y se han singularizado, entre las instituciones de educación superior, por el desarrollo simultáneo y complementario de ambas actividades. A ellas, las funciones universitarias clásicas, se han incorporado recientemente la transferencia del conocimiento, como elemento clave para la dinamización del desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de las personas, y la difusión del conocimiento y de la cultura, tal como queda recogida en la Ley Orgánica de Universidades.

En la actualidad existen en torno a veinte mil Universidades en todo el mundo, repartidas entre los cinco continentes, de las cuales aproximadamente un tercio se encuentran en Europa y, de ellas, sólo setenta y seis conforman el Sistema Universitario Español, de las que cincuenta son públicas.

La Universidad de Sevilla es una de ellas y ha recorrido, desde su fundación en 1505, un largo camino en permanente desarrollo y evolución. En la actualidad, la Universidad de Sevilla es la segunda Universidad pública española en número de estudiantes presenciales y la primera y la más antigua de las Universidad públicas andaluzas.

Su naturaleza pública y su imbricación en el sistema público de educación superior, le confieren sus características fundamentales. La Universidad pública debe ser garante de la igualdad de oportunidades para la formación superior de la sociedad. Este rasgo no sólo ha de valorarse desde un punto de vista ético. Debe considerarse necesario para alcanzar los mejores resultados individuales y colectivos. Sólo una sociedad que desarrolle procedimientos para que la ciudadanía en su conjunto pueda acceder, en condiciones de igualdad de oportunidades, al sistema de educación superior conseguirá extraer de sus mejores intelectos sus mejores ideas. Y la aplicación de éstas podrá transformar el entorno, modernizar las estructuras y crear riqueza sostenible y bienestar social.

Las Universidades deben asegurar la libertad de cátedra, de estudio y de investigación, y necesitan para ello actuar en régimen de autonomía, tal como queda recogido en el artículo 27.10 de nuestra Constitución. Sólo en ese espacio de independencia ideológica podrán cumplir sus funciones adecuadamente.

Como instituciones públicas y debido a su naturaleza, las Universidades deben rendir cuentas responsablemente a la sociedad, que las financia y las impulsa, de la eficacia y la eficiencia de su gestión. El acceso sobre sus diferentes actuaciones por parte de los ciudadanos debe ser fácil y simple, y el fortalecimiento de los cauces de relación y vinculación con la sociedad, junto a la mencionada rendición de cuentas, deben ser mecanismos fundamentales de su acción diaria. La sociedad, por su parte y a través de los mecanismos legales establecidos, debe poner a disposición del sistema universitario público una financiación estable y adecuada que le permita el desarrollo de sus funciones.

El inicio del siglo XXI, condicionado por el irreversible proceso de globalización e instrumentalizado a través del desarrollo de la era digital, ha introducido en el sistema universitario europeo dos grandes proyectos convergentes: el espacio europeo de educación superior (EEES) y el espacio europeo de investigación (EEI).

El primero de ellos, el EEES, se inició en 1999 con la Declaración de Bolonia y tiene como objetivo fundamental facilitar la movilidad de universitarios en un espacio de reconocimiento entre las titulaciones de todas las Universidades que lo componen. El segundo, el EEI, se inició en 2000 con la Estrategia de Lisboa y se planteó como objetivo principal la creación de un área de libre movilidad de investigadores donde se pueda acceder a infraestructuras de calidad mundial, donde sea posible coordinar las diferentes acciones y programas de investigación nacionales y regionales, y donde se alcance un liderazgo internacional para afrontar los principales problemas globales.

Como consecuencia del primero, el sistema universitario español inició una remodelación completa de su catálogo de títulos oficiales, a partir de las directrices generales contenidas en el Real Decreto 1393/2007. Así, desde el curso 2010-2011, el sistema universitario español no ha ofertado plazas de nuevo ingreso para las antiguas titulaciones y en el pasado curso 2014-2015 se han realizado las primeras evaluaciones de acreditación de los nuevos títulos, empezándose a tener, por tanto, los primeros resultados acerca de las ventajas e inconvenientes de la nueva ordenación.

Resultado del segundo proceso convergente, y tras los primeros pasos llevados a cabo en la primera década del siglo, el Consejo Europeo de diciembre de 2009 propuso el programa Europa 2020 como la estrategia a desarrollar en la década actual, con el propósito de superar la crisis económica y subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento. En el desarrollo de esta estrategia se puso en marcha el Programa 2020 que, además de ser el programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el período 2014-2020, ha condicionado la totalidad de los programas y convocatorias de ámbito nacional. Ello ha supuesto una segunda exigencia de transformación en la comunidad universitaria; en este caso, en cuanto a la necesaria adaptación en el posicionamiento y desarrollo de las actividades de investigación.

Este complejo y amplio proceso transformador de la Universidad española, tanto académico como investigador, se ha desarrollado desde el año 2009 en un período temporal marcado por tres escenarios negativos e interconectados:

En primer lugar, la terrible crisis económica, iniciada en los Estados Unidos en 2008: se propagó por todo el planeta, con efectos especialmente devastadores en el continente europeo. Las consecuencias fueron inmediatas y negativas sobre el apoyo financiero que los retos expresados necesitaban a nivel internacional para su correcto desarrollo.

En segundo lugar, y en el plano nacional, el sistema universitario español ha sufrido dos grandes reveses. Por un lado, y como medida directa frente a la crisis mencionada, el Gobierno de España publicó el Real Decreto-Ley 14/2012 con una serie de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, entre las que se incluyeron el incremento de las tasas de matrícula y condiciones restrictivas en materia de becas, se modificó el régimen de dedicación del profesorado, y se limitó la incorporación de personal de nuevo ingreso en las Universidades. Por otro, y en este caso a partir de reflexiones gubernamentales no condicionadas por la crisis en sí misma, el Gobierno de España creó, a través de su Consejo de Ministros, una Comisión de Expertos para la elaboración de un informe titulado “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”. Tras éste, y en lugar de llevar a cabo una sustitución o modificación de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno de España ha aprobado un conjunto de Reales Decretos que han supuesto un cambio radical del régimen jurídico del sistema universitario aun manteniendo casi inalterado el texto de la Ley. En particular, el Real Decreto 43/2015, que establece nuevas bases para la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 415/2015, que establece las nuevas bases de la acreditación nacional para los cuerpos docentes universitarios, el Real Decreto 420/2015, sobre la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades, y el Real Decreto 595/2015, sobre el régimen de las becas y ayudas al estudio, han alterado sustancial y negativamente el sistema, han introducido una enorme desregularización, y han conferido a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación competencias que hasta ahora le habían correspondido al Consejo de Universidades.

En tercer y último lugar, las circunstancias económicas han traído consigo una reducción progresiva de las actuaciones estratégicas de la Administración Autonómica en el ámbito de las Universidades hasta la paralización de facto de las acciones del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Asimismo, y en materia de tesorería, la Junta de Andalucía ha ido acumulando una deuda muy considerable con el sistema universitario andaluz a lo largo de estos años, lo cual ha complicado aun más el desarrollo de las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Sin embargo, y a pesar de que los vientos no han soplado a favor, cabe decir que la Universidad de Sevilla ha sabido paliar en gran medida los efectos del temporal. El sistema universitario, en general, y la Universidad de Sevilla, en particular, han reaccionado ante esta realidad con una enorme dosis de responsabilidad, entrega e imaginación, que deben ser, sin ninguna duda, valoradas. El encargo de la sustitución del catálogo académico de todas las titulaciones se ha realizado dentro de las fechas establecidas y las universidades andaluzas han llevado a cabo, con notables resultados, la renovación de las acreditaciones de los primeros títulos implantados. En concreto, la Universidad de Sevilla ha acreditado en el pasado curso académico un total de 39 títulos oficiales, la totalidad de los que cumplían su período de vigencia. Al mismo tiempo, y a pesar de la drástica reducción en la financiación de la investigación, la productividad científica del sistema universitario ha mantenido los valores de los últimos años. En particular, los datos de la publicación SCImago Journal & Country Rank muestran un aumento sostenido en productividad científica, expresado en términos del número de trabajos realizados en universidades españolas en las que al menos un autor pertenece a una de ellas, desde el comienzo de la crisis. Por último, el posicionamiento general de las universidades del sistema español en las clasificaciones más relevantes a escala internacional, y la Universidad de Sevilla de manera particular, ha experimentado una mejora sistemática y progresiva.

Es necesario, sin embargo, destacar que las circunstancias descritas en los párrafos anteriores han producido demasiadas incertidumbres, un elevado desencanto, y momentos de enorme crispación en la comunidad universitaria.

La llegada de un nuevo tiempo en lo político, con las renovaciones de los Gobiernos de España y de Andalucía; en lo económico, con numerosos informes que coinciden en identificar el final de la crisis; y en lo académico, con elecciones inminentes en el gobierno de la Universidad, deben incitar a la esperanza, a la ilusión y a la propuesta y desarrollo de un proyecto creíble y realizable. Pero este momento trascendente debe utilizarse con eficiencia y sensatez; no puede perderse un solo momento para ello. Discusiones y propuestas centradas únicamente en temas parciales, sin un análisis ni un proyecto global que aborde la totalidad de las tareas y de los retos que debemos abordar, conducirán irreversiblemente al colapso y al retraso del progreso de nuestra Universidad. Ejemplos cercanos, dentro del Estado español, lo ponen claramente de manifiesto.

Es necesario, en consecuencia, abordar un conjunto numeroso de tareas, responder adecuadamente a las incertidumbres del momento, y propiciar un cambio cualitativo en el posicionamiento de la Universidad de Sevilla. Es el momento de intensificar la atención a las necesidades formativas de nuestros estudiantes, garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo su acceso a un empleo digno. En este inmediato período debemos consolidar el catálogo de titulaciones de nuestra Universidad, reflexionar sobre su estado y sus posibles mejoras, y es el momento de tomar las decisiones más relevantes para las enseñanzas del siglo XXI. Es el momento de liderar los avances científicos en las diferentes áreas del saber y de conseguir, de manera cierta, que el conocimiento generado desde nuestra Universidad sea la base del progreso de nuestro entorno. Es el momento de consolidar el papel de la Universidad de Sevilla como motor cultural de la ciudad, y ampliar el símbolo cultural de la Universidad de Sevilla más allá de nuestras fronteras geográficas. Es el momento de consolidar las estructuras de personal, y desarrollarlas a partir de mecanismos basados en el mérito y en la capacidad, organizadas desde la certidumbre y la estabilidad. Es el momento de potenciar la responsabilidad social de la Universidad de Sevilla, sin olvidar la cooperación al desarrollo. Es el momento de desarrollar una política integrada de internacionalización de las actividades de docencia e investigación, expandiendo la visibilidad de nuestra Universidad en el exterior. Debe ser, finalmente, el período en que nuestra Universidad debata y cierre de manera rigurosa y estable los aspectos de gobernanza (entendida como gobierno de la Universidad) planteados por numerosos miembros de la comunidad, entre los que se encuentra el sistema de elección del Rector.

En la próxima sección, encontrará las bases del programa que propongo para emprender la totalidad de las cuestiones que considero relevantes para el próximo período.